Derecho ciudadano al presupuesto participativo inscribirá a México entre las democracias más modernas del mundo: Raúl Morón


Intervención en tribuna del senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del PRD, para razonar su voto sobre el dictamen que propone desechar el proyecto de decreto que reforma el artículo 35 Constitucional.

Raúl Morón Orozco (RMO): Compañeras y compañeros senadores.

La verdad es lamentable la orientación de este dictamen a la iniciativa presentada por el senador Benjamín Robles Montoya para incorporar como derecho de todo ciudadano el poder participar en el proceso de asignación y ejecución del Presupuesto en el municipio, en su municipio.

Desde nuestro particular punto de vista, no es argumento válido ni procedente para negar el establecimiento de este derecho constitucional humano y político, el hecho de que la Iniciativa no hubiera contemplado aspectos relacionados con el porcentaje del presupuesto que será objeto de esta forma de definición del gasto.

El grado de participación ciudadana que se involucrará en la asignación, ejecución y control de la partida presupuestaria respectiva, las reglas a las que se sujetará el ejercicio de consulta, así como la definición del destino del gasto correspondiente, quienes estarán legitimados para intervenir en el debate presupuestario, es decir, para determinar en definitiva la priorización de las acciones públicas a emprender y los criterios para establecer dicha priorización, así como la forma en que se fijarán éstos los rubros a los que podrá destinarse el gasto involucrado en el presupuesto participativo, las reglas y procedimientos para definición, la viabilidad técnica de las propuestas ciudadanas, las instituciones como autoridades encargadas de la organización, conducción, desarrollo y validación de los resultados de la consulta y la participación que en su caso se otorgará a las autoridades municipales durante el proceso, así como las reglas a que se encontrará sujeta su intervención.

Como podrán ustedes advertirlo, se trata de reglas de procedimiento secundarias para establecer cómo ejercer este derecho constitucional. No para definir la importancia social y política que un derecho democrático de esta naturaleza conlleva dentro del sistema de democracia participativa al que aspiramos a transitar.

El derecho constitucional de los ciudadanos a participar en la asignación y ejecución del presupuesto público municipal no puede, bajo ningún argumento sujetarse a reglas de legislación secundaria que son importantes y necesarias, pero que serán objeto seguramente de un segundo momento legislativo una vez que el derecho constitucional sea reconocido.

Es evidente que el derecho ciudadano al Presupuesto participativo en la presente reforma constitucional pretende adecuar el marco jurídico y ampliar, a través de éste y de una auténtica reforma estructural normativa y funcional de la administración pública municipal, la satisfacción oportuna y suficiente de los requerimientos sociales con espacios amplios para que la ciudadanía participe activamente y en forma constante en el diseño, ejecución y evaluación de la función pública y los recursos que se invierten en el gasto público.

Otro de los motivos que impulsa la reforma constitucional de mérito es la modernización de una administración pública que responda con mayor capacidad de solución a los reclamos sociales, bajo el impulso de nuevas formas, de organización, planeación y ejecución del presupuesto público; no desde la perspectiva del funcionario, sino a partir de la necesidad del ciudadano. Es decir, del auténtico dueño y destinatario de los recursos públicos.

Desde una visión más efectiva y directa del desarrollo social que les proporcione a los municipios mayor certidumbre y capacidad de atender la demanda ciudadana como primer orden de gobierno desde la estructuración de programas públicos que deriven de la propia propuesta y planeación comunitaria.

En la definición de presupuesto participativos, con visión integradora, así como la definición de las políticas y los programas sectoriales, resulta fundamental la opinión y propuesta de la propia sociedad organizada. Es por ello que precisamente a partir de esta reforma se ha propuesto instituir y reconocer en nuestra Carta Magna mexicana un nuevo derecho ciudadano de participación social para la planeación del desarrollo que obligue particularmente a los municipios a integrar necesaria y obligatoriamente las propuestas ciudadanas de sus planes y programas de desarrollo y la inclusión de la participación de todos los sectores sociales en las decisiones de la agenda pública, así como la priorización de obras y recursos públicos.

Negar este derecho es negarle a los mexicanos la oportunidad de decidir libremente en qué invertir sus impuestos y sus recursos. Y más aún, es negarles el derecho fundamental a participar en el desarrollo de sus regiones y comunidades bajo un principio básico de la democracia directa.

Una reforma de esta naturaleza no sólo hará posible transitar de una democracia representativa desgastada y cuestionada a una democracia participativa demandante, de mayor espacio de participación social.

Hará posible también inscribir a nuestro país entre las democracias más consecuentes, incluyentes y modernas del mundo, elevando a la garantía de la participación ciudadana el rango constitucional de derecho fundamental, reconocido por los propios organismos y tratados internacionales.

Es por ello que apelamos al buen juicio de nuestras compañeras y compañeros senadores, les exhorto respetuosamente a que se apoye el dictamen con voto particular presentado por el senador Benjamín Robles Montoya y se proceda a la aprobación de la fracción IX del artículo 35 de nuestra Constitución, reconociendo como derecho del ciudadano y por lo tanto fundamental poder participar en el proceso de asignación y ejecución del presupuesto en sus municipios.

Por su atención, muchas gracias.